La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN) ha presentado una demanda arbitral contra la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), buscando eliminar una cláusula restrictiva en el contrato de concesión que le impide operar directamente el puerto. Esta cláusula, presente desde 1994 y originada en el Decreto 838 de 1992, ha sido objeto de debate debido a una sentencia de 1997 del Consejo de Estado, que declaró nula la norma que la sustentaba. A pesar de esto, la cláusula 12.19 continúa en el contrato, generando obstáculos para la operación de la SPRBUN y abriendo la puerta a conflictos con terceros operadores.
La Cláusula en Disputa
La cláusula 12.19, que impide a la SPRBUN operar el puerto, fue impuesta originalmente por un mandato legal que luego fue anulado por el Consejo de Estado. Aunque la inaplicabilidad de esta cláusula ha sido reconocida por diversas entidades, incluyendo la ANI, la sociedad portuaria sostiene que su permanencia formal en el contrato ha permitido que terceros presenten acciones legales en su contra, afectando su operatividad. En consecuencia, la SPRBUN busca que se elimine esta restricción, argumentando que su inclusión no fue consensuada entre las partes, sino impuesta por una norma ahora inválida.
Proceso Legal en Curso
La SPRBUN ha intentado en varias ocasiones modificar la cláusula mediante acuerdos con la ANI, logrando incluso la firma de un «otrosí» en 2023, pero sin éxito. La agencia no ha formalizado la modificación, lo que ha llevado a la SPRBUN a presentar una demanda por incumplimiento contractual. La empresa argumenta que la falta de acción por parte de la ANI constituye una violación de la buena fe contractual y de la confianza legítima. Además, sostiene que esta demora genera inseguridad jurídica y afecta tanto la libre competencia como la eficiencia operativa del puerto.
Reacciones de los Terceros Operadores
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la oposición de otros operadores portuarios, tanto grandes como pequeños, que ven en la modificación de la cláusula una amenaza a sus negocios. Estos operadores, que prestan servicios en el puerto de Buenaventura, consideran que permitir que la SPRBUN se convierta en el único operador del terminal podría excluirlos del mercado y reducir la competencia.
Julio César Castañeda, abogado que sigue el caso, ha advertido sobre las implicaciones para estos operadores. Según él, la eliminación de la cláusula beneficiaría únicamente a la SPRBUN, generando un «monopolio de facto» en la operación del puerto, lo que afectaría la competencia y el dinamismo del mercado. Además, señala que algunos actores clave en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) han cambiado su postura respecto a la legalidad de la cláusula, lo que genera incertidumbre entre los operadores independientes.
Consecuencias para el Puerto de Buenaventura
El puerto de Buenaventura es uno de los más importantes de Colombia, manejando cerca del 50% de la carga del país. El conflicto entre la SPRBUN y la ANI tiene implicaciones significativas para la competitividad del puerto y su capacidad para atraer inversiones. La demora en la resolución de este conflicto no solo afecta a los actores involucrados, sino también a la economía de la región y a la imagen de Buenaventura como un puerto estratégico para el comercio internacional.
El puerto también ha sido testigo de la llegada de grandes embarcaciones como el CMA CGM Alexander Von Humboldt, uno de los barcos más grandes que ha atracado en Sudamérica, lo que demuestra su potencial estratégico. Sin embargo, la incertidumbre sobre su operación y la falta de claridad en los contratos de concesión afectan la planificación a largo plazo y la capacidad de atraer nuevos inversionistas.
Conclusión
La disputa entre la SPRBUN y la ANI no solo afecta el funcionamiento operativo del puerto de Buenaventura, sino que también tiene implicaciones para la libre competencia y el desarrollo económico de la región. A medida que avance el proceso arbitral, será crucial encontrar un equilibrio que permita a la SPRBUN operar el puerto sin excluir a otros actores del mercado, garantizando así una operación eficiente y competitiva. La resolución de este caso será determinante para el futuro del puerto más importante del Pacífico colombiano.
